Seis días después del colapso eléctrico que dejó sin suministro a gran parte de la Península, el origen del fallo sigue siendo un enigma. El Ejecutivo continúa sin una explicación definitiva y ha optado por dividir la investigación en dos frentes: uno centrado en una posible avería técnica y otro que evalúa la hipótesis de un ciberataque. Así lo decidió este sábado el Comité de análisis gubernamental, que mantuvo su segunda sesión desde el incidente.
La reunión, celebrada durante más de cuatro horas en la sede de Red Eléctrica, reunió a varios ministerios bajo la coordinación de la ministra para la Transición Ecológica, Sara Aagesen. El tono fue marcadamente grave, reflejo de la inquietud que ha generado la falta de respuestas claras.
También estuvo presente la presidenta de Red Eléctrica, Beatriz Corredor, quien trasladó al comité el compromiso total del operador con la investigación. Junto a otros responsables técnicos, expuso los primeros avances en la reconstrucción del suceso y se comprometió a facilitar toda la información necesaria para esclarecer lo ocurrido.
Tras la reunión, el hermetismo se mantuvo. El comité se limitó a señalar que continúa el análisis de los datos disponibles y que aún falta parte de la información solicitada a las compañías del sector energético. Las empresas siguen recopilando registros clave para reconstruir con precisión el momento crítico del apagón.
El viernes, el propio comité remitió nuevas solicitudes formales de información a distintos operadores del sistema. El objetivo: obtener detalles técnicos sobre las horas inmediatamente anteriores al colapso y sobre el proceso completo de recuperación del suministro, con especial atención a las posibles anomalías detectadas.
Mientras tanto, la opinión pública empieza a mostrar signos de impaciencia. Según una encuesta relámpago elaborada por el CIS, seis de cada diez ciudadanos consideran que el Gobierno no fue transparente durante la crisis eléctrica. Entre ellos, el 38,4% echa en falta explicaciones sobre las causas del corte, un 26,3% habría querido más claridad sobre los tiempos de restitución del servicio, y un 24,1% critica la lentitud en las comparecencias oficiales.
En cuanto al origen del apagón, la percepción social se divide: el 46,2% apunta a un fallo fortuito del sistema eléctrico, mientras que el 26,6% cree que pudo tratarse de una acción intencionada, como un ciberataque.