La octava ley educativa de la Democracia, la Lomloe, más conocida como «ley Celaá», se ha aprobado este miércoles en el Senado por 142 votos a favor, 112 en contra y nueve abstenciones.

¿Cuándo se aplica la norma? Entra en vigor a los 20 días de su publicación en el BOE. Esto podría ocurrir antes del 30 de diciembre. De forma inmediata se aplicarán estas modificaciones: participación y competencias del Consejo Escolar, Claustro y director o directora, autonomía de los centros, selección del director en los centros públicos y admisión de alumnos. Sin embargo, estos dos últimos apartados se adaptarán a la ley vigente en el momento (ahora Lomce). Por eso, las comunidades de Madrid y Murcia (ambas del PP) aprobaron sus normas de admisión antes de lo habitual, para sortear la «ley Celaá» y blindar a la concertada, atacada por esta nueva norma. 

Las cuestiones académicas se aplicarán ya en el curso 2021-22. Es decir, la nueva organización de Primaria, ESO, las nuevas asignaturas y currículos, las nuevas normas de promoción y titulación, etcétera.

Se trata de la ley con menos diálogo de la Democracia: es la primera vez que un texto educativo legal no admite comparecencias de la comunidad educativa durante su tramitación parlamentaria, ni en el Congreso ni en el Senado.

Estos son todos los cambios que la nueva norma educativa introduce en España:

1. Cambios académicos

Criterio generales de aplicación y distribución de competencias

El Gobierno, previa consulta a las comunidades, fijará los objetivos, competencias, contenidos y criterios de evaluación, los aspectos básicos del currículo, que constituyen las enseñanzas mínimas (desaparecen los estándares de aprendizaje).

Las enseñanzas mínimas requerirán el 50% de los horarios escolares para las Comunidades Autónomas que tengan lengua cooficial (con la LOE era el 55%) y el 60 (con la LOE era el 65%) para aquellas que no la tengan.

Las comunidades establecerán el currículo de las distintas enseñanzas, del que formarán parte los aspectos básicos señalados en apartados anteriores.

Los centros docentes desarrollarán y completarán, en su caso, el currículo de las diferentes etapas y ciclos. Las comunidades determinarán el porcentaje de los horarios escolares de que dispondrán los centros docentes para garantizar el desarrollo integrado de todas las competencias de la etapa y la incorporación de los contenidos de carácter transversal a todas las áreas, materias y ámbitos.

1. Educación Infantil

Se incorpora el “respeto a la específica cultura de la infancia” que definen la Convención sobre los Derechos del Niño y las Observaciones Generales de su Comité. Asimismo, se otorga un mandato al Gobierno en colaboración con las Administraciones educativas para regular los requisitos mínimos de autorización, que deben cumplir los centros que imparten el primer ciclo de esta etapa. Esta medida realmente no es nueva y viene, nada menos que de la LOGSE de 1990. Sin embargo, los plazos establecidos para que los Centros de Infantil, primer ciclo, obtuvieran la autorización por haber cumplido los requisitos de instalaciones y titulación del profesorado, nunca se han llegado a cumplir de facto en muchos casos.

2. Primaria

Se recuperan de la LOE los tres ciclos anteriormente existentes, se reordenan las áreas, que podrán organizarse en ámbitos. La materia de Lengua cooficial, si la hay en la comunidad, pasa a denominarse Lengua propia. En cada uno los tres primeros cursos se incluirá al menos una materia del ámbito artístico.

Aparece en el tercer ciclo un área de Educación en Valores Cívicos y Éticos, en la cual se prestará especial atención al conocimiento y respeto de los Derechos Humanos y de la Infancia, a los recogidos en la Constitución española, a la educación para el desarrollo sostenible y la ciudadanía mundial, a la función social de los impuestos y la justicia fiscal, a la igualdad de mujeres y hombres y al valor del respeto a la diversidad, fomentando el espíritu crítico, la cultura de paz y no violencia y el respeto por el entorno y los animales.

Se deberá dedicar un tiempo diario a la lectura y la creación artística, la competencia digital y el fomento de la creatividad y del espíritu científico se trabajarán en todas las áreas de Primaria.

Se regula la evaluación durante la etapa, basada en la consecución de los objetivos y de las competencias establecidas, que constituyen los criterios para la promoción de ciclo. Se establece que cuando el equipo docente considere que un alumno o alumna no haya alcanzado las competencias previstas podrá permanecer un año más en el último curso de este ciclo, siendo una medida excepcional que solo se podrá adoptar una vez durante la educación primaria, y que deberá ir acompañada de un plan específico y personalizado de apoyo para la adquisición de las competencias no alcanzadas.

Cada alumno dispondrá al finalizar la etapa de un informe sobre su aprendizaje, los objetivos alcanzados y las competencias adquiridas. En el cuarto curso de educación primaria todos los centros realizarán una evaluación de diagnóstico de las competencias adquiridas por sus alumnos y alumnas.

3. Educación Secundaria Obligatoria (ESO)

Todas las materias podrán integrarse en ámbitos competenciales. Se establece una organización para los cursos 1º, 2º y 3º y otra diferente para 4º curso (esquema similar a la Lomce).

En todo caso se fomentarán de manera trasversal la educación para la salud, incluida la afectivo-sexual, la igualdad entre hombres y mujeres, la formación estética y el respeto mutuo y la cooperación entre iguales.

En cuarto curso desaparecen los 2 itinerarios fijados en la Lomce o «ley Wert» (uno encaminado al Bach y otro a la FP), se precisan las materias que deberá cursar todo el alumnado (como obligatorias, ya no se llaman troncales), además de otras tres entre un conjunto que establecerá el Gobierno, previa consulta a las comunidades. En este cuarto curso, que tendrá carácter orientador para el alumnado, se podrán establecer agrupaciones de las materias mencionadas en distintas opciones, orientadas hacia las diferentes modalidades de bachillerato y los diversos campos de la formación profesional.

A las materias establecidas con carácter obligatorio, se añade la posibilidad de ofrecer materias optativas, con la novedad de que puedan configurarse como un trabajo monográfico o un proyecto de colaboración con un servicio a la comunidad.

En uno de los cursos de la etapa, todo el alumnado cursará la Educación en Valores cívicos y éticos.

Se recuperan de la LOE los denominados Programas de diversificación curricular (PDC), en sustitución de los PMAR (Programas de Refuerzo) de la Lomce. Los PDC permiten modificar el currículo desde el tercer curso de educación secundaria obligatoria, para el alumnado que no esté en condiciones de promocionar a dicho curso de forma ordinaria. Su finalidad es que esos alumnos con mayor dificultad, obtengan el título de ESO.

Se regula la evaluación que será continua, formativa e integradora. Los alumnos promocionarán de curso cuando el equipo docente considere que la naturaleza de las materias no superadas le permita seguir con éxito el curso siguiente y se estime que tiene expectativas favorables de recuperación y que dicha promoción beneficiará su evolución académica (pueden promocionar sin límite de suspensos). En todo caso promocionarán quienes hayan alcanzado los objetivos de las materias o ámbitos cursados o tengan evaluación negativa en una o dos materias. La permanencia en el mismo curso debe entenderse como una medida de carácter excepcional, por lo que solo se podrá utilizar una vez en el mismo curso y dos veces como máximo a lo largo de la enseñanza obligatoria (Primaria y ESO).

Al finalizar el segundo curso de educación secundaria obligatoria se entregará a cada alumno o alumna y a sus padres, madres o tutores legales un consejo orientador, que podrá incluir la incorporación a un Programa de diversificación curricular o a un ciclo formativo de grado básico.

Durante el segundo curso de educación secundaria obligatoria todos los centros realizarán una evaluación de diagnóstico.

El cuarto curso tendrá carácter orientador, tanto para los estudios postobligatorios como para la incorporación a la vida laboral. A fin de orientar la elección de los alumnos y alumnas, se podrán establecer agrupaciones de las materias mencionadas en distintas opciones, orientadas hacia las diferentes modalidades de bachillerato y los diversos campos de la formación profesional, fomentando la presencia equilibrada de ambos sexos en las diferentes ramas de estudio.

La Formación Profesional Básica de la Lomce (dentro de la ESO), se sustituye por los Ciclos Formativos de Carácter Básico. La superación de esas enseñanzas conducirá a la obtención del título de Graduado en ESO y recibirán asimismo el título de Técnico Básico en la especialidad correspondiente que les permite acceder a los Ciclos Formativos de Grado Medio.

Quienes no obtengan el título, recibirán una certificación académica, en la que se hará constar los ámbitos y módulos profesionales superados y su correspondencia con unidades de competencia asociadas al Catálogo Nacional de Cualificaciones. Esta certificación dará derecho, a quienes lo soliciten, a la expedición por la Administración laboral del certificado o certificados de profesionalidad o acreditación parcial correspondientes.

Desaparece la Prueba Final de ESO contemplada en la Lomce y que no se llegó a aplicar en virtud del Real Decreto-Ley de 2016. Los alumnos que al terminar la ESO hayan alcanzado las competencias y los objetivos de la etapa obtendrán el título de Graduado en Educación Secundaria Obligatoria, de acuerdo con las decisiones adoptadas de forma colegiada por su profesorado.

Los alumnos que no obtengan el título correspondiente recibirán una certificación oficial en la que constará el número de años cursados y el nivel de adquisición de las competencias. Asimismo, recibirán un consejo orientador individualizado.

4. Bachillerato

El Bachillerato se organizará en materias comunes, de modalidad y optativas, mencionándose en esta ley las que se consideran comunes. Corresponde a las comunidades la ordenación de las materias optativas. Los centros concretarán la oferta de estas materias en su proyecto educativo. Por otra parte, el Gobierno, oídas las comunidades, fijará las condiciones en las que el alumnado pueda realizar el Bachillerato en tres cursos, en régimen ordinario, siempre que sus circunstancias personales, permanentes o transitorias, lo aconsejen.

Con respecto a la evaluación en el Bachillerato, el profesorado de cada materia decidirá, al término del curso, si el alumno o alumna ha logrado los objetivos y ha alcanzado el adecuado grado de adquisición de las competencias correspondientes. Los alumnos y promocionarán de primero a segundo de Bachillerato cuando hayan superado las materias cursadas o tengan evaluación negativa en dos materias, como máximo. Para obtener el título será necesaria la evaluación positiva en todas las materias de los dos cursos de bachillerato. No obstante, se contempla la posibilidad de que, excepcionalmente, el equipo docente pueda decidir la obtención del título de Bachiller por el alumno que haya superado todas las materias salvo una, siempre que se considere que ha alcanzado los objetivos vinculados a ese título, de modo análogo a los procedimientos de compensación que existen en la enseñanza universitaria. Desaparece la Prueba Final de Bachillerato contemplada en la Lomce y que no se llegó a aplicar, en virtud del Real Decreto-Ley de 2016.

La Ley incluye también algunas precisiones acerca de las enseñanzas artísticas, particularmente la relativa a que el alumnado que finalice las enseñanzas profesionales de música y danza o las enseñanzas profesionales de artes plásticas y diseño obtendrá el título de Bachiller en su modalidad de Artes si supera las materias comunes del bachillerato, aunque no haya realizado el bachillerato de dicha modalidad.

5. Acceso a estudios universitarios

Se recupera la PAU (Prueba de Acceso a la Universidad) de la LOE. Las características básicas de las pruebas de acceso a la universidad serán establecidas por el Gobierno, previa consulta a la Conferencia Sectorial de Educación y a la Conferencia General de Política Universitaria y con informe previo del Consejo de Universidades y del Consejo Escolar del Estado. Esta prueba tendrá en cuenta las modalidades de Bachillerato y las vías que pueden seguir los alumnos y alumnas y versará sobre materias del segundo curso. Las administraciones educativas y las universidades organizarán la prueba de acceso y garantizarán su adecuación al currículo del bachillerato, así como la coordinación entre las universidades y los centros que imparten esa etapa.

6. Formación Profesional

Se crean, dentro de la Educación básica, los Ciclos Formativos de Grado Básico, que se suman a los ya existentes Ciclos de Grado Medio y de Grado Superior.

Con respecto al acceso a los distintos ciclos, se establece, en primer lugar, que el acceso a los Ciclos Formativos de Grado Básico requerirá tener cumplidos 15 años, o cumplirlos durante el año natural en curso, haber cursado el tercer curso de educación secundaria obligatoria o, excepcionalmente, haber cursado el segundo curso y que el equipo docente haya propuesto a los padres, madres o tutores legales la incorporación del alumno o alumna a un ciclo formativo de grado básico.

Con respecto a las titulaciones de los ciclos de formación profesional, hay que resaltar que los alumnos que superen un ciclo formativo de grado básico recibirán el título de Graduado en Educación Secundaria Obligatoria, que permitirá el acceso a cualquier enseñanza postobligatoria. Quienes no superen en su totalidad las enseñanzas de los ciclos formativos de grado básico, o de cada uno de los ciclos formativos de grado medio o superior, recibirán una certificación académica de los módulos profesionales y en su caso ámbitos o materias superados, que tendrá efectos académicos y de acreditación parcial acumulable de las competencias profesionales adquiridas en relación con el Sistema Nacional de Cualificaciones y Formación Profesional.

2. Concertada

Como se ha venido anunciando desde hace tiempo, elimina del artículo 109.2 de la Lomce la alusión a la «demanda social», es decir, que las plazas en los centros públicos y concertados variarán en función de lo que pidan los padres. Celaá argumentó en su día que ese criterio es un «eufemismo para propiciar que la escuela pública pueda ser considerada subsidiaria de la concertada».

Además, PSOE, Podemos y Mas País aprobaron una enmienda en el camino parlamentario de la norma que señala que la educación es garantizada solo con «plazas públicas» dejando afuera a la concertada. El texto señala lo siguiente: «En la programación de la oferta de plazas, las administraciones educativas armonizarán las exigencias derivadas de la obligación que tienen los poderes públicos de garantizar el derecho de todos a la educación, mediante una oferta suficiente de plazas públicas, en condiciones de igualdad y los derechos individuales de alumnos y alumnas, padres, madres y tutores legales».

El añadido: «mediante una oferta suficiente de plazas públicas» de Más País va contra la propia Constitución, que en su artículo 27 alude tanto en su apartado 1 como en su apartado 5 al derecho a la educación a secas, es decir, garantizado tanto por la pública como por la concertada. «Todos tienen el derecho a la educación»; «Los poderes públicos garantizan el derecho de todos a la educación, mediante una programación general de la enseñanza, con participación efectiva de todos los sectores afectados y la creación de centros docentes».

3. Castellano

Este cambio, posiblemente el más polémico de la ley, se hizo en la tramitación parlamentaria de la norma en el Senado a través de una enmienda transaccional pactada por PSOE, Podemos y ERC. Con ella, se elimina la referencia al castellano como lengua vehicular en la educación y oficial en España.

El redactado inicial de la Lomloe decía (en un redactado muy similar a la Lomce) que «las administraciones educativas garantizarán el derecho de los alumnos y las alumnas a recibir enseñanzas en castellano, lengua oficial del Estado, y en las demás lenguas cooficiales en sus respectivos territorios. El castellano y las lenguas cooficiales tienen la consideración de lenguas vehiculares, de acuerdo con la normativa aplicable».

Se ha cambiado este último párrafo por otro que señale que las comunidades autónomas deben asegurar el derecho a recibir la enseñanza en castellano y las lenguas cooficiales de cada territorio de acuerdo con lo que prevén la Constitución y los estatutos de autonomía.

Además, cuando se menciona que las «administraciones garantizarán el derecho de los alumnos a recibir enseñanzas en castellano, lengua oficial del Estado, y en las demás lenguas cooficiales en sus respectivos territorios», se tacha la alusión al mismo como «lengua oficial del Estado».

4. Educación en valores

Mientras que con la Lomce existía la opción de cursar la asignatura Valores Culturales y Éticos, tanto en el primer ciclo (1, 2 y 3) como en el segundo (4), la Lomloe solo da una opción (Educación en Valores cívicos y éticos) que los alumnos cursarían en 5 o 6 de Primaria o en alguno de los 4 cursos de ESO de forma obligatoria.

Esta asignatura es para muchos similar a Educación para la Ciudadanía, instaurada en la LOE que generó rechazo por su configuración como obligatoria y el pronunciamiento jurisprudencial sobre la objeción de conciencia escolar. Ahora, en medio de la polémica por el pin parental, las organizaciones de padres pondrán el foco en el contenido de esta nueva materia.

5. Educación Especial

Las familias con niños escolarizados en la educación especial -actualmente 37.500- llevan años luchando, incluso antes de que Isabel Celaá fuera ministra de Educación, por los derechos de sus hijos.

La Lomloe alude en su disposición adicional cuarta a la intención de dotar de recursos a los centros ordinarios para que, en el plazo de diez años, puedan atender a los alumnos con discapacidad, mientras que los centros de educación especial se quedarían solo para casos «de atención muy especializada», es decir, alumnos con muy graves discapacidades.

Esta disposición ya estaba en el redactado origal, es decir, antes de que el texto pase por las manos de los grupos parlamentarios que fueron introduciendo enmiendas y el actual es más agresivo: en aras de la «inclusión», se pone en segundo lugar el interés superior del menor.

6. Educación diferenciada

Una de las grandes perdedoras de la nueva ley educativa. Se eliminana los conciertos a los colegios que separan por sexo. Ya lo habían advertido PSOE y Unidas Podemos en el documento que plasmaba su acuerdo allá por diciembre de 2018, en el que anunciaban que se impediría «la segregación educativa en los centros sostenidos con fondos públicos»; en otras palabras, que los colegios de educación que separan a niños y niñas se quedan sin concierto. Dicho y hecho.

El texto ha reemplazado al primer redactado de la Lomloe que defendía el mantenimiento de estos conciertos, aunque le daba «atención preferente» a aquellos centros «que desarrollen el principio de coeducación en todas las etapas y no separen al alumnado por su género o su orientación sexual».

El texto inicial decía: «Aquellos centros que separen por género a su alumnado deberán necesariamente incluir y justificar en su proyecto educativo las medidas que desarrollan para favorecer y formar en igualdad en todas las etapas educativas». Ahora, se lee un texto completamente distinto: «Los centros educativos deberán necesariamente incluir y justificar en su proyecto educativo las medidas que desarrollan para favorecer y formar en igualdad en todas las etapas educativas».

7. Religión

PSOE, Podemos y ERC pactaron una enmienda transaccional (es decir, una modificación a un proyecto de ley fruto del acuerdo de varios partidos) que añade a la ley la enseñanza «no confesional de cultura de las religiones» tanto en Primaria como Educación Secundaria Obligatoria que, en la práctica podría ser una asignatura espejo de la Religión, es decir, una alternativa a la misma.

Actualmente, en España la asignatura de Religión es, como en gran parte de Europa (Alemania, Austria, Bélgica, Italia o Estonia) de oferta obligatoria para los centros pero voluntaria para los alumnos. Es decir, solo la cursa el que quiere. Esto ha sido así con las leyes socialistas (como la LOE, de 2006) y populares (como la Lomce, de 2013). Lo que hace la «ley Celaá», tal cual está ahora (es decir, sin esta polémica enmienda) es establecer que «la enseñanza de la religión católica se ajustará a lo establecido en el Acuerdo sobre Enseñanza y Asuntos Culturales suscrito entre la Santa Sede y el Estado español» y que, a tal fin «se incluirá la religión católica como área o materia en los niveles educativos que corresponda, que será de oferta obligatoria para los centros y de carácter voluntario para los alumnos y alumnas».

8. Eliminación de itinerarios

Al contrario que en la Lomce, la Lomloe elimina los itinerarios, que según la nueva ley, «tienen desigual valor educativo». Los itinerarios de la Lomce suponen que en 4º de ESO hay dos vías: una dirigida a los alumnos que vayan a cursar Bachillerato y otra vía dirigida a los alumnos que desean cursar FP. Pero no son vías cerradas ya que desde cualquiera se puede cursar Bachillerato o FP. 4º ESO se configura en la Lomce como un curso propedéutico, es decir, de preparación al Bachillerato o a la FP.

La Lomloe, sin embargo, propone también una vía específica para determinados alumnos, que es la Diversificación Curricular (ya presente en la LOE y nuevamente incluida en la nueva ley), que también conlleva una atención diferenciada y una división de grupos. Estos programas de diversificación curricular «estarán orientados a la consecución del título de Graduado de Educación Secundaria Obligatoria, por parte de quienes presenten dificultades relevantes de aprendizaje tras haber recibido, en su caso, medidas de apoyo en el primero o segundo curso, o a quienes esta medida de atención a la diversidad les sea favorable para la obtención del título», dice la Lomloe.

Por primera vez el PSOE y la izquierda tienen un adversario real en Andalucía

Juan Manuel Moreno no destacaba por una trayectoria brillante, ni por una gran capacidad de oratoria, ni por un proyecto político capaz de seducir a las masas; se presentaba a las elecciones como un candidato normalito y con una muerte premonitoria dentro de las filas de su partido. En solo dos años se ha convertido en el Feijóo andaluz, consolidado como presidente, proyectando una imagen amable, sensata y moderada, que supera con creces la del Gobierno en su conjunto y la de su propia formación.

Esta situación representa un cambio de paradigma en la política andaluza, porque por primera vez el PSOE y la izquierda tienen un adversario real.

Cuando ampliamos el campo de visión y nos alejamos de la figura del líder popular, nos encontramos con una situación de inestabilidad generalizada en la política andaluza de la que Moreno Bonilla se alimenta y se fortalece. De una parte están los que se ocupan más de la justicia que de la política, por otra los que no encuentran compañeros de viaje, los que están a guerra limpia y los que se están preparando para ella.

Esta situación no hace más que fortalecer la figura del mandatario dejando en su mano la capacidad de diseñar y marcar la agenda política, una agenda política que es solo suya, ya que el vicepresidente Marín ha demostrado poco interés y poca capacidad para influir en ella. Tan solo Vox ha conseguido hacerlo, aunque una vez los presupuestos aprobados, ya no será tan necesario contentarlos.

En este punto de la historia nos encontramos con un presidente empoderado, un socio de coalición debilitado internamente cuyo líder le rinde pleitesía y Vox que, como elemento de presión, pierde relevancia. De otro lado, la oposición que, pudiendo elegir otros espacios, opta por el Parlamento como su principal escenario de acción política. ¿Estamos seguros de que en estas circunstancias el Parlamento sea el escenario óptimo para esa tarea?

Personalmente creo que se trata de un planteamiento equivocado ya que las acciones de la oposición no cuentan con un respaldo social que sienta el rechazo de la Cámara como una afrenta a sus propias causas. Y la consecuencia del desenfoque en la estrategia está clara: dos años después de iniciar el gobierno Juan Manuel Moreno se ha coronado como un dirigente bien valorado por la opinión pública, aunque sabe que no puede relajarse porque el estado de Ciudadanos no garantiza futuro en la coalición de la derecha moderada.

Según los datos actuales el socio preferente de Moreno Bonilla cambiaría de color, con una nueva edición del Gobierno andaluz en la que la extrema derecha tendría voz y voto a la hora de marcar agenda y ya hemos visto que lo saben hacer, quieren hacerlo y a la menor oportunidad lo seguirán haciendo. Recordemos: un partido que no cree en el Estado de las Autonomías, que rompe el consenso institucional en la lucha contra la violencia machista, que ataca las herramientas de identidad territorial como la televisión autonómica y que encuentra su chivo expiatorio dentro de los trabajadores de la propia administración por citar solo algunos ejemplos.

La izquierda andaluza tiene serios problemas. Su estrategia del miedo a la ultra derecha no funciona. La imagen moderada del líder popular rompe con el objetivo de colocar en la opinión pública la idea de que el Gobierno andaluz está secuestrado por Vox. Ni el hecho de que Marta Bosquet, en calidad de presidenta del Parlamento, pidiese disculpas a los ultras después de haber sido mandada “a tomar por culo” en Pleno ha tenido trascendencia fuera del mátrix político.

Vox maneja el miedo y la desesperación con mayor destreza que la izquierda. PSOE y la atomización de Adelante Andalucía utilizan la historia para evocar miedo al pasado; el problema es que conocer la historia no implica sentirla. Por su parte, el partido de Abascal utiliza la imaginación para provocar esa emoción: miedo a una invasión inminente, a la pérdida de nuestros valores culturales, dirigiéndolo a una amenaza real que es fácil de visualizar. En la batalla emocional entre la historia y la imaginación está claro quién gana.  

La izquierda andaluza está dentro de un marco que no es el suyo. Es más, en dos años no ha conseguido construir uno solo en el que poder ir de mano. Entrar en el cuerpo a cuerpo con el actual gobierno se le está haciendo bola. Imaginen a Gasol intentando regatear a Messi. Pues algo así es lo que está pasando en el escenario político andaluz. ¿Qué debería hacer? Entender que las cosas no van bien y cambiar la estrategia. Por seguir con el ejemplo futbolístico, bajar el balón al suelo y combinarlo en un marco de política de calle, de política en clave más local, más de causas concretas, cambiar el Parlamento por el territorio, fajarse en un cuerpo a cuerpo que implica un mayor esfuerzo.

Quizá sea la hora de optar por acciones que hagan de la política de oposición una guerra de guerrillas contra la todopoderosa Armada conservadora, que tras hacerse con el poder en Andalucía arrasa con todo atisbo de sello político anterior, con la intención de consolidarse, algo que a día de hoy deja de ser una idea descabellada.

Qué sensación más frustrante la de que quien toma decisiones no lo hace de manera inteligente, ni siquiera lógica, sino que lo hace desde una perspectiva partidista, política, interesada e incluso muchas veces, contra toda lógica.

Esto hace, que al cansancio al que nos está sometiendo esta pandemia, haya que sumarle el hartazgo de decisiones improvisadas, poco fundamentadas, injustas, incongruentes, incomprensibles y muchas veces, nuevamente, contra toda lógica.